:::Plan de Ayala:::
A fines de 1911 un grupo de revolucionarios encabezados por el
general Emiliano Zapata iniciaron una dura travesía desde los
cálidos valles de Morelos para dirigirse a las frías montañas de Ayoxustla, en el estado de Puebla.
La intención era alejarse del asedio militar al que eran sometidos para, serenamente, plasmar en un documento los ideales de la revolución campesina que había iniciado en el pueblo de Anenecuilco, Municipio de Villa de Ayala.
La cuestión era de la mayor importancia porque ante el triunfo del movimiento maderista, su demanda sobre la restitución de las tierras usurpadas por las haciendas azucareras, podía desvirtuarse. En palabras de uno de los acompañantes de la caravana, Francisco Mercado, el jefe Zapata “quería que hubiera un plan porque nos tenían por puros bandidos y comevacas y asesinos y que no peleábamos por una bandera…”
De esta manera, se inició la discusión y redacción del Plan Libertador de los hijos del Estado de Morelos, o Plan de Ayala, bajo la dirección del mismo Zapata y de su compadre, el profesor rural Otilio Montaño. El eje de su argumentación era, evidentemente, la urgente resolución del problema agrario que había olvidado cumplir Francisco I. Madero, aún cuando estaba contemplado en el Plan de San Luis.
Es por ello que en los artículos sexto y séptimo del Plan Libertador se establecía que los pueblos entrarían en posesión de los terrenos, montes y aguas que hubieran sido usurpados por los hacendados, científicos o caciques a la “sombra de la tiranía y de la justicia venal”; aunque aquellos propietarios que se consideraran con derechos legítimos sobre sus propiedades, podrían acudir a los tribunales especiales que se establecerían una vez que triunfara la Revolución. Asimismo se hablaba de expropiar tierras, previa indemnización, para que se mejorara “en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.”
A juicio de los zapatistas, poniendo en marcha estas medidas la Revolución corregiría el rumbo que se había extraviado con el gobierno de Madero. El plan de Ayala fue firmado el 28 de noviembre de 1911 y desde ese momento se convirtió en la bandera que enarbolarían los zapatistas durante toda la década revolucionaria.
El plan de Ayala no solo recogió las aspiraciones de los campesinos de Morelos (y podría decirse que de todo el país) sino también, colocó a la problemática agraria en el centro del debate nacional. Asimismo, marcó una ruptura, un distanciamiento entre los revolucionarios que habían iniciado la lucha en 1910. Madero fue el primero en sentir, en carne propia, el choque de percepciones sobre el significado de la palabra Revolución.
El zapatista Paulino Martínez definió perfectamente la situación cuando afirmaba que algunos caudillos creyeron que con las “hermosas” palabras de “Sufragio Efectivo, no reelección” y derrocando al “dictador” Porfirio Díaz quedaba todo arreglado. Enorme error.
A su juicio, el plan de Ayala: “es la condenación de la infidencia de un hombre que faltó a sus promesas y el pacto sagrado, la nueva alianza de la Revolución con el pueblo, para devolver a éste sus tierras y sus libertades que le fueron arrebatadas desde hace cuatro siglos, cuando el conquistador hizo pedazos la soberanía azteca…”
Bajo esta óptica los zapatistas -impacientes, rayando prácticamente en la terquedad- resolvieron pelear sin tregua hasta alcanzar su utopía. Enarbolando el plan de Ayala como su más extraordinaria arma, los zapatistas desconocieron a Madero como líder de la Revolución y mantuvieron una lucha independiente del resto de los grupos revolucionarios; sirvió para combatir a Huerta, pero también en su momento para luchar contra la “imposición” que intentaba hacer Venustiano Carranza por medio del Plan de Guadalupe.
:::Plan de San Luis:::
Al igual que la mayoría de los perseguidos por el régimen porfiris
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huyó de su encarcelamiento hacia Estados Unidos donde redactó el Plan de San Luis Potoyes. El contenido de este documento crucial para la historia de México es sumamente interesante: en él, Madero calificaba como ilegítimas a las recientes elecciones, asumía la presidencia provisional y hacía un llamado a tomar las armas en contra de don Porfirio el día 20 de noviembre de 1910.
A pesar de que el Plan de San Luis era fundamentalmente un documento político, incluyó un importantísimo artículo proponiendo la restitución de las tierras, lo cual le permitió ofrecer una conquista social indispensable para el derrocamiento del antiguo régimen: el apoyo de muchos pueblos, campesinos y pequeños propietarios que habían sido afectados por las acciones de las compañías deslindadoras que actuaron durante el porfiriato. Este pequeño artículo afirmaba lo siguiente: "Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido desalojados de sus terrenos. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de los que se les despojó de modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios".
En efecto, este breve texto abrió la posibilidad de que el llamado maderista fuera escuchado y asumido no sólo por sus seguidores norteños, sino también por los indígenas morelenses que se sumaron a las filas del zapatismo.
A diferencia de otras revoluciones, la mexicana tomó por sorpresa a funcionarios, observadores extranjeros y a casi toda la sociedad. Un abismo separaba la apariencia de viejo roble que daba el porfiriato y la realidad de una sociedad convulsionada. Nada más indicativo de ello que las fiestas del Centenario. Quizá sólo un par de voces discordaban en la apreciación del porfiriato: los señalamientos de Sebastián Lerdo de Tejada, quien en sus Memorias profetizó "en el término de diez años, la más grande y poderosa de las revoluciones", y la de Justo Sierra que en más de una ocasión desaconsejó a don Porfirio la necesidad de una nueva reelección.
:::Plan de Agua Prieta:::
Vencida la sociedad entre Villa y Maytorena que resultó en el último hecho de armas, Sonora quedo a la disposición de Calles y Adolfo de la Huerta, como territorio donde experimentar la construcción del nuevo Estado. Entre esas medidas estaba dar orden económico al estado en materia fiscal, monetaria y de regulación comercial, reactivar la producción agrícola e industrial, y así resolver los problemas laborales que la lucha armada había pospuesto.
La convicción de llevar a cabo ese experimento de gobierno por los lideres sonorenses, pese a profundas consecuencias, se cimentaba en la seguridad de un pleno control del Estado. Tal vez la más seria discrepancia radicaba en cómo dar orden a la tribu Yaqui, cumpliendo demandas a compromisos contraídos durante la lucha armada, como lo pensaba De la Huerta o iniciando un nuevo proceso de sometimiento, de acuerdo con Calles. Lo cierto era que para el grupo sonorense, lo que se vivía en el estado eran los mismos problemas de todo el país y resolverlos requería del poder político.
En esa medida al acercarse las elecciones de 1920, Álvaro Obregón renuncia a su puesto en el gabinete de Carranza para lanzar su candidatura. Carranza consciente del poder y ascendencia de Obregón sobre los comandantes de las diversas regiones militares, busca confrontarlos eligiendo a otro sonorense a la presidencia de la república: Ignacio Bonillas. Pone en práctica otras medidas como declarar aguas federales el Río Sonora e iniciar una nueva campaña contra los Yaquis a fin de mantener tropas federales que vigilaran las actividades del grupo sonorense.
Todo lo anterior llevó a un inevitable punto de ruptura con Carranza. El 23 de abril de 1920, reunidos una considerable cantidad de personalidades civiles y militares fue presentado por Calles, el Plan de Agua Prieta, mediante el cual se llama al derrocamiento de Carranza, quien al huir rumbo al puerto de Veracruz, fue asesinado el 10 de abril de 1920, en el poblado de Tlaxcalaltongo, Puebla.
:::Plan de Guadalupe Carranza:::
Considerando que el general Victoriano Huerta, a quien el Presidente Constitucional Don Francisco I. Madero había confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su Gobierno, al unirse a los enemigos rebeldes en contra de ese mismo Gobierno, para restaurar la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los C.C Presidente y Vicepresidente, así como a sus Ministros, exigiéndoles por medios violentos las renuncias de sus puestos, lo cual está comprobado por los mensajes que el mismo general Huerta dirigió a los Gobernadores de los Estados comunicándoles tener presos a los Supremos Magistrados de la Nación y su Gabinete. Considerando que los Poderes Legislativo y Judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando, por último, que algunos Gobiernos de los Estados de la Unión han reconocido al Gobierno ilegítimo impuesto por la parte del Ejército que consumó la traición, mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía de esos Estados, cuyos Gobernadores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos, Jefes y Oficiales con mando de las fuerzas constitucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente:
PLAN
1. Se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente de la República.
2. Se desconocen también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación.
3. Se desconocen a los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan a los Poderes Federales que forman la actual Administración, treinta días después de la publicación de este Plan.
4. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará "Constitucionalista" al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila.
5. Al ocupar el Ejército Constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, o quien lo hubiere sustituido en el mando.
6. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales, tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo.
7. El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hubieren sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.
